La UITA denuncia a Reynolds y a BAT por incumplir las directivas de la OCDE sobre derechos sindicales

Incluido en el sitio web de la UITA el 09-May-2006

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La UITA adoptó medidas a través de la OCDE en EE.UU. y el RU como reacción ante las atroces violaciones de las Directivas para las Empresas Multinacionales de la OCDE por parte del fabricante de cigarrillos Reynolds American Inc., fruto de la fusión, en el año 2004, de RJ Reynolds y Brown & Williamson, la subsidiaria de BAT en EE.UU.

El día 3 de mayo, la UITA efectuó presentaciones formales ante los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en EE.UU. y el RU, instando a su intervención con el objeto de detener la reiterada intimidación por parte de la gerencia a los trabajadores/as que procuran representación sindical en las dos plantas de Reynolds en Winston-Salem, Carolina del Norte, EE.UU.

A solicitud de la mayoría de los trabajadores/as en las dos plantas, dos organizaciones sindicales –Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers Union (BCTGM) y Machinists and Aerospace Workers (IAM)– han comenzado conjuntamente el proceso de sindicalizar las plantas. Reynolds respondió lanzando una campaña sindical acérrima destinada a coaccionar a los empleados/as para que rechacen la representación sindical.

La compañía ha infringido repetidamente las Directivas de la OCDE mediante una ofensiva coercitiva, bien financiada, con el propósito de inculcar a los empleados/as que las consecuencias de decidirse por la representación sindical serán severas. Entre las derivaciones invocadas por la gerencia consta la amenaza clara a los trabajadores/as respecto a que la producción tendría que ser reubicada en el extranjero en caso de una votación en favor del sindicato el día 11 de mayo – una abierta violación del Artículo IV 7 de las Directivas, el cual estipula que las empresas deben:

En el contexto de negociaciones de buena fe con representantes de los empleados/as acerca de las condiciones de empleo, o siempre que los empleados/as estén ejerciendo el derecho a organizarse, no amenazar con el traslado de toda o parte de una unidad operativa desde el país de que se trate, ni transferir empleados/as de las entidades componentes de las empresas a otros países, con la finalidad de ejercer una arbitraria influencia sobre dichas negociaciones u obstaculizar el ejercicio del derecho a organizarse.

La Vicepresidenta para Recursos Humanos de Reynolds American, Ann Johnston, ha declarado, en reuniones convocadas obligadamente contra la voluntad de los trabajadores/as de Reynolds American, que la afiliación al sindicato resultaría inevitablemente en una huelga y que una huelga enfrentaría a la compañía con una de dos opciones a fin de continuar operando: sustituir a los trabajadores/as en huelga ya sea en forma permanente o mediante trabajadores/as contratados o, por el contrario, reubicar la producción fuera del país.

El 26 de abril, Johnston amenazó que la producción sería trasladada a México (donde BAT cuenta con un establecimiento productivo) en caso de una acción laboral y, el 27 de abril, ella amenazó con una transferencia a Puerto Rico. Estas intimidaciones fueron efectuadas en el entorno de una implacable andanada de propaganda antisindical difamatoria que viola abiertamente el Artículo IV 1(a) de las Directivas, el cual exhorta a las empresas a respetar el derecho de sus empleados/as a ser representados por sindicatos.

En el año 2003, la UITA adoptó una medida similar cuando la gerencia de Nestlé en Cheongju, Corea del Sur, amenazó clausurar la planta y trasladar la producción a China, como un medio de presionar al sindicato al que le había efectuado un paro patronal a raíz de un conflicto en las negociaciones colectivas. La Comisión Coreana de Relaciones Laborales decidió que Nestlé era culpable debido a sus prácticas laborales ilegales y se negoció una solución satisfactoria a la disputa.

La UITA ha subrayado la necesidad de una rápida acción en el caso de Reynolds American, en vista de la inminente elección relativa a la representación, que no puede ser libre ni imparcial, a menos que la compañía cese inmediatamente su intimidación a los empleados/as.