Capítulo de inversiones filtrado expone que el poder empresarial acaparó el centro de las negociaciones 'comerciales' transpacíficas

El capítulo de inversiones filtrado del Acuerdo de Asociación Transpacífica —el mega-acuerdo de comercio e inversión que negocian actualmente en secreto  Estados Unidos y once países del Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) —- confirma plenamente la opinión de la UITA y de los muchos otros críticos de este acuerdo y otros parecidos. Se trata de una toma de poder de las empresas que buscan ampliar el alcance y las facultades coercitivas de los inversores transnacionales, deliberada y engañosamente empaquetada con carácter de "acuerdo comercial".

El capítulo de inversiones, publicado por WikiLeaks (en inglés) el 25 de marzo junto con un análisis detallado de Public Citizen, amplía la capacidad de los inversores empresariales para hacer valer reclamos ante tribunales cerrados que pueden impugnar directamente leyes, reglamentos y decisiones de tribunales, habilitaciones oficiales y de las autoridades de patentes de los países firmantes a nivel nacional y subnacional. Un sistema legal empresarial paralelo permite a los inversores transnacionales demandar "indemnización" a los gobiernos por cualquier medida legal o reglamentaria que pueda repercutir en los beneficios actuales o futuros previstos. El mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado (ISDS), establecido en los acuerdos regionales y bilaterales, que sigue el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1996 (TLCAN o NAFTA), se ha utilizado con un efecto devastador para desafiar la capacidad de los gobiernos de proteger el medio ambiente, la salud y seguridad de trabajadores, trabajadoras y consumidores, medicamentos asequibles, atención pública de la salud, la tierra y los recursos públicos, promover  energía limpia y sistemas alimentarios locales y regular flujos de capital, en aras de la estabilidad financiera (se pueden encontrar ejemplos en la publicación de la UITA  "Acuerdos comerciales que amenazan la democracia").

El texto filtrado, donde se incorporan los elementos más tóxicos de tratados similares anteriores, faculta a las empresas a exigir una indemnización por "expropiación indirecta" como resultado de nuevas medidas reglamentarias o de acciones que pudieran afectar la rentabilidad, y exigir indemnización basadas en el futuro lucro "previsto". El reclamo corporativo de "normas mínimas de tratamiento" extrae un compromiso vinculante "de no alterar el entorno jurídico y empresarial en el que se ha realizado la inversión." Por lo tanto, las empresas no sólo pueden impugnar las leyes y reglamentos existentes: con el ISDS pueden demandar indemnización por "pérdidas esperadas" como consecuencia de cualquier futura actuación gubernamental. La protección de inversiones, antes limitada a los bienes inmuebles, se amplía para incluir derechos de propiedad intelectual, activos financieros y permisos reglamentarios.

Pese a la amplia oposición al TPPA y al relacionado TTIP, que se negocia simultáneamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, y el debate público sin precedentes sobre el ISDS, en particular, el análisis de Public Citizen muestra que el capítulo de inversiones que se filtró en realidad da a los inversionistas aún más poder que la versión anterior filtrada en 2012. La inversión todavía es objeto de negociación en el TTIP y el proyecto aún no ha sido revelado, pero el capítulo del TPPA ofrece más que un adelanto de lo que se puede esperar.

Los "derechos" empresariales de inversión son la esencia de estos dos acuerdos. No son sobre el comercio, ni son sobre los empleos decentes que necesitamos.
El ISDS ofrece a los inversores un arma formidable para un mayor enriquecimiento y para subvertir la gobernanza democrática. Sin embargo no es el único vehículo para hacer cumplir esta agenda. Los acuerdos comerciales y de inversión también contienen mecanismos adicionales de controversias sobre inversión de estado a estado, y los reclamos de los inversores también se pueden aplicar a través de contratos. El Instituto Cato de la derecha estadounidense ha asesorado a grupos de presión empresarial para que abandonen discretamente el ISDS, debido a la gran oposición pública que ha despertado, y para que persigan sus objetivos dentro de las negociaciones del tratado a través de estos otros medios. Los opositores a estos acuerdos deben concluir que es necesario derrotar los tratados en su conjunto  por lo que son: un ataque empresarial a la democracia.