Home

Los acuerdos comerciales y el acaparamiento de poder corporativo del TPP: ¡la resistencia debe continuar!

27.01.16 Editorial
Versión para impresora

Después de ocho años de negociaciones secretas, los gobiernos firmarán el Acuerdo de Asociación Transpacífica, o Acuerdo Transpacífico, en Nueva Zelanda entre 12 naciones* el 4 de febrero. El texto del tratado, que recién fue publicado en noviembre pasado, confirma lo que los críticos del acuerdo han estado impugnando desde que se filtraron partes de los borradores de los capítulos, e incluso antes, ya que las empresas nunca han tenido timidez al marcar sus objetivos. El TPP en su formato final muestra que las grandes compañías han conseguido lo que querían: un acuerdo comercial que amenaza la democracia.

El TPP confirma amplios poderes para los inversores transnacionales, codificados en su "derecho" a demandar a los gobiernos en tribunales de arbitraje cerrados para leyes, reglamentos, decisiones judiciales  o acciones que no cumplan con sus "expectativas" como inversionistas:   el famoso  procedimiento de solución de controversias entre inviersor y Estado (ISDS por su sigla en inglés). En tratados comerciales y de inversión similares, las compañías han recurrido al procedimiento ISDS con éxito para disputar el poder del gobierno de prohibir o restringir la  producción, el transporte y la gestión de residuos de productos químicos tóxicos, la habilitación para la gestión de la tierra y los recursos hídricos, promover la energía alternativa, la fijación de tarifas de servicios de agua y electricidad, la reestructura de la deuda pública, la eliminación de plaguicidas tóxicos, el mantenimiento de normas de seguridad alimentaria y la exigencia a empresas de que etiqueten correctamente los productos que comercializan.  El TPP codifica las características más tóxicos de este mecanismo e incorpora una definición elástica de "inversión" que confiere poder legal extrajudicial a propietarios transnacionales de acciones, bonos, instrumentos financieros especulativos como derivados, licencias, franquicias, permisos y propiedad intelectual. El tratado amplía el alcance de las demandas del procedimiento ISDS a los servicios financieros, dando a los inversionistas transnacionales el derecho a impugnar las medidas reglamentarias que no cumplan con sus "expectativas" o un "nivel mínimo de tratamiento". Se trata de un ariete para derribar incluso las modestas medidas adoptadas a raíz de la crisis financiera de 2008, o mejorar de manera significativa sobre estas medidas, preparando el escenario para nuevas crisis bancarias.

El capítulo del tratado sobre propiedad intelectual extiende la vida útil y el alcance de la protección de derechos de autor y patentes existentes y permite potencialmente demandas para desafiar las políticas del gobierno de precios y adquisición de medicamentos que salvan vidas. Los países signatarios están obligados a firmar un tratado, la Convención Internacional de 1991 para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que garantiza a las compañías el "derecho" a patentar todas las especies de plantas y prohíbe a los agricultores intercambiar estas semillas. Otras disposiciones abren la puerta para que las compañías desafíen la supervisión pública de la biotecnología, lo que debilita la resistencia a la expansión de las plantas genéticamente modificadas (protegidas por patentes) y sus plaguicidas asociados.

La regulación de los servicios domésticos cubiertos por el acuerdo está protegida ante la impugnación del inversor sólo en la medida en que esté regulada de "manera razonable, objetiva e imparcial". Si bien no hay capítulo de compras del sector público en el TPP, los signatarios están obligados a iniciar negociaciones dentro del plazo de tres años para "ampliar la cobertura".

El TPP va mucho más allá de las normas actuales de la OMC como tratado, e incluso muchas de las disposiciones de comercio regional y bilateral y los tratados de inversión que son "OMC-plus" en áreas que los inversores transnacionales han tratado de conquistar por mucho tiempo, como la propiedad intelectual, los servicios financieros, alimentos y agricultura, y biotecnología. Socava el derecho democrático de los gobiernos a legislar y regular en el interés público, y por lo tanto socava los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la alimentación, la salud y la educación. Si se ratifica, se obstaculizarían seriamente los esfuerzos por crear empleo de calidad, promover la producción sostenible de alimentos y combatir el cambio climático, usando a la inversión pública como palanca.

El acaparamiento de poder corporativo está incrustado en el texto que promete proteger el derecho de los gobiernos a regular en el interés público: siempre que la regulación esté sujeta a las disciplinas del mercado, cumpla con las "expectativas" de los inversores y sea "no discriminatoria". Con el TPP, los gobiernos de hecho pueden regular, pero sólo si están dispuestos a pagar millones a las empresas transnacionales y sus escuadrones legales. El capítulo sobre los derechos laborales obliga a tres países (¡solamente!) —Brunei, Malasia y Vietnam— a incorporar los convenios fundamentales de la OIT a su legislación nacional, pero sigue siendo esencialmente retórico e inaplicable. El capítulo sobre medio ambiente, promocionado por el gobierno de Obama como el históricamente más fuerte en un acuerdo comercial internacional, en realidad marca un retroceso en comparación con otros compromisos ambientales internacionales de Estados Unidos. Más concretamente, ningún tratado que otorga estos amplios poderes a compañías privadas podría ser "equilibrado" a través de protecciones laborales o ambientales y el proceso del tratado exige a los países firmantes que toda su legislación interna pase a estar en conformidad con las reclamaciones de los inversores en el acuerdo. El TPP y acuerdos similares tienen que ser derrotados, no modificados ni "mejorados" si el trabajo y el movimiento laboral quieren avanzar en su propia agenda.

Los sindicatos y sus aliados tienen una ventana de oportunidad para detener al TPP. La firma tiene que ser ratificada por los gobiernos signatarios, aunque la ratificación de seis países que representan al menos el 60% de la producción económica de los doce pueda hacer que el tratado entre en vigor en esos seis. Los activistas contra el TPP han logrado aumentar la conciencia mundial sobre el impacto destructivo del tratado, y las elecciones en Estados Unidos este año se suman a la controversia y la incertidumbre en torno al proceso de ratificación en Estados Unidos y el resto de los grandes actores económicos. El movimiento obrero y nuestros aliados tenemos que hacer pleno uso de la oportunidad que esto representa.
----------------------
* Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur  y Vietnam.