Después de glifosato: La Comisión Europea confirma su apartamiento de la protección de la salud pública al autorizar plaguicidas tóxicos prohibidos por la legislación de la UE

El 28 de junio, la Comisión Europea cedió ante el lobby agroquímico y volvió a autorizar el uso continuado del herbicida glifosato (más conocido por su nombre comercial Roundup de Monsanto) a pesar de la creciente evidencia del daño que causa a la salud pública, los trabajadores, las trabajadoras y el medio ambiente.  La Comisión actuó de manera unilateral sin una "mayoría especial" de los gobiernos de la UE y frente a la oposición de sindicatos y grupos de la sociedad civil. La autorización renovada, que impone algunas restricciones considerables al uso de glifosato a nivel de la UE, tiene una validez máxima de 18 meses, pendiente de una revisión de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA por su sigla inglés), a donde los sindicatos y defensores de la salud pública dirigirán ahora sus esfuerzos.

Mientras la batalla sobre la renovación de glifosato se calentaba, la Comisión introdujo una propuesta de criterios sobre productos químicos disruptores endócrinos (EDC, productos químicos que perturban el sistema hormonal humano), los cuales podrían restringir mucho los esfuerzos para limitar el uso de plaguicidas conocidos por sus propiedades de alteración endócrina.

Y ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, cuyo informe respaldado por la industria sirvió de base para que la Comisión impulsara la renovación del glifosato, introdujo un protocolo para la Reglamentación 1107/2009 de plaguicidas de la UE, que permitiría una "excepción" para la aplicación continuada de un grupo de plaguicidas altamente tóxicos, de lo contrario reglamentariamente prohibidos, (por más detalles, se puede consultar la declaración de PAN Europe solamente en inglés).

Estas medidas confirman el apartamiento permanente de la UE del principio de precaución, de las prácticas agrícolas sostenibles (según ese principio, la aplicación de plaguicidas es el último recurso) y un enfoque basado en los riesgos para proteger la salud de trabajadores, consumidores y el medio ambiente.