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Sindicatos y grupos de la sociedad civil llaman a la movilización política para rechazar el CETA

9 December 2016 Editorial
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La UITA, nuestra organización fraterna la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y muchos sindicatos de ambos lados del Atlántico, incluidas afiliadas a la UITA, se encuentran entre las más de 450 organizaciones que han pedido a los legisladores que rechacen el Acuerdo Integral Económico y Comercial entre Canadá y la UE (CETA por su sigla en inglés) (pulse aquí para leer la carta y la lista de firmantes – solamente en inglés).

Canadá y la UE firmaron el tratado el 30 de octubre, incorporando partes importantes del acuerdo en "aplicación provisional", pero todavía tiene que ser ratificado por los parlamentos de Europa y Canadá, así como los parlamentos nacionales de todos los estados miembros de la UE para entrar plenamente en vigencia.

La oposición del parlamento regional de Valonia en Bélgica resistió la firma previamente planeada, en respuesta a lo cual se revisó rápidamente la "declaración interpretativa común" para aplacar la considerable oposición pública al acuerdo. La Declaración no hace nada para abordar las preocupaciones legítimas que han llevado a millones de personas a las calles en Canadá y en la UE, ni transforma al CETA, que es fundamentalmente antidemocrático, en el "acuerdo comercial progresista" que sus proponentes publicitan.

El CETA sigue siendo "un tratado de inversión integrado a un proyecto global de desregulación" y la declaración interpretativa no hace nada para cambiar esto. La Declaración contiene, por ejemplo, el absurdo pronunciamiento de que "el CETA no tendrá como resultado que los inversores extranjeros sean tratados más favorablemente que los nacionales. El CETA no privilegia que se recurra al sistema judicial de inversión establecido por el acuerdo. Los inversores pueden optar en cambio por recurrir a los tribunales nacionales". Sin embargo, los inversores transnacionales siempre han podido hacer uso de los sistemas legales nacionales. El tribunal de inversión del CETA, que es una reformulación de los tristemente célebres tribunales de inversionistas a estados, crea un sistema legal paralelo disponible solo para el capital transnacional.

La Declaración interpretativa declara solemnemente que "el CETA preserva la capacidad de la Unión Europea y de sus Estados Miembros y Canadá para adoptar y aplicar sus propias leyes y reglamentos que regulan la actividad económica en el interés público, para lograr objetivos legítimos de política pública".  "El comentario "interpretativo" se limita a hacerse eco del texto existente en el tratado, que también afirma un derecho a regular: derecho, por otra parte, que se encuentra consagrado en el derecho consuetudinario internacional de derechos humanos y no necesita afirmación alguna en un tratado comercial. Pero según el CETA, los gobiernos "preservan" el derecho a regular sólo en la medida en que las leyes y reglamentos sean "no discriminatorios" con respecto a los inversores extranjeros, no sean "gravosos" (para las empresas) y estén dispuestos a pagar cuando los legisladores ejercen su mandato para proteger el interés público. En caso de que un inversor transnacional impugnara las medidas, el tribunal de inversiones determinará si la "expropiación indirecta" se ha producido a través de una "investigación basada en hechos que toma en consideración, entre otros factores: el grado en que la medida o serie de medidas interfieren con las expectativas razonables respaldadas por la inversión" (Anexo 8A del CETA, donde "las Partes confirman que la expropiación puede ser directa o indirecta").

Además, el ataque a la gobernanza democrática no se limita al nuevo aspecto del mecanismo de solución de controversias de inversionista a estado. Las reivindicaciones expansivas de los inversores transnacionales permean todo el tratado, incluidos los capítulos sobre contratación pública, reglamentación nacional, propiedad intelectual y servicios financieros, que la Declaración Interpretativa ni siquiera pretende abordar.

Lejos de ser "progresista", el "CETA es una versión retrógrada e incluso más intrusiva que la anterior agenda de libre comercio diseñada por y para las multinacionales más grandes del mundo", señala la declaración conjunta. Las transnacionales estadounidenses, a través de sus filiales canadienses, pueden hacer pleno uso del CETA para atacar las actuales y futuras normas legales y reglamentarias de la UE que consideran gravosas, mientras que el CETA proporciona una plataforma para que las empresas no comunitarias con filiales comunitarias ataquen la regulación de interés público en Canadá.

El CETA establece un régimen de inversiones que excluye las medidas de inversión genuinamente progresistas que los futuros gobiernos tendrán que utilizar para poner en práctica objetivos democráticos y reducir la desigualdad. Las nuevas ropas del tratado están raídas. Es necesario que la resistencia esté organizada para asegurar su derrota.