Honduras: Fraude electoral y el legado del golpe de estado

El 26 de noviembre los ciudadanos de Honduras concurrieron a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Las elecciones terminaron en fraude, provocando una nueva crisis en un país asolado por la violencia, la corrupción y la impunidad judicial.  

El tímido proceso de democratización de Honduras iniciado en 1980, luego de décadas de gobiernos autoritarios y dictaduras militares, no alcanzó para que el país pudiera superar un estado de ‘déficit democrático’, como se lo ha llamado eufemísticamente. Pero aún esa incipiente democracia se vio cercenada con el golpe de estado de 2009 que sumió al país en una espiral de represión, corrupción y agudización de la pobreza. La élite empresarial tradicional, con su apego a la represión y el poder policial, encontró nuevas fuentes de enriquecimiento en la usurpación de tierras y la expropiación desenfrenadas.

Se asesina impunemente (artículo en inglés) las sindicalistas, campesinos, ambientalistas, defensores de los derechos humanos y opositores del gobierno. Mediante una reforma del código penal se tipificó la protesta como acto terrorista. El sistema de seguridad social fue saqueado para financiar la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos. El Presidente Hernández logró mediante maniobras que la Corte Suprema habilitara su reelección y así se pudo presentar a la elección que acaba de robarse.

Las fuerzas democráticas se resistieron y se siguen resistiendo. La Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA y sus organizaciones afiliadas de Honduras y de la región han brindado su apoyo constante a esa resistencia. No bien se conoció la magnitud del fraude electoral, los hondureños se lanzaron a las calles. El gobierno respondió con violencia policial, toque de queda y un estado de emergencia de hecho. Pero el pueblo hondureño sigue resistiendo, a tal punto que el 5 de diciembre las fuerzas fuertemente militarizadas de la policía nacional en Tegucigalpa emitieron un comunicado anunciando que se negarían a imponer el toque de queda. “No queremos reprimir ni violar los derechos de los hondureños”, dijo a la prensa el portavoz de la policía.

Al golpe de 2009 le siguió una farsa electoral en la que se eligió un gobierno de facto. La comunidad internacional respondió inicialmente con sanciones y condenas, pero pronto cedió y muchos se retractaron y reconocieron al gobierno. No podemos permitir que eso se repita.

El desacreditado Tribunal Supremo Electoral ha accedido a realizar un nuevo escrutinio pero parcial y eso solo puede tener como resultado un nuevo gobierno de facto. Debe hacerse un recuento de todos los votos bajo la supervisión confiable y legítima de observadores experimentados y con la plena participación de la oposición política y la sociedad civil. Es necesario que la comunidad internacional ejerza la mayor presión posible sobre el gobierno actual. Esa presión debe mantenerse más allá del nuevo escrutinio para garantizar que el pueblo de Honduras se libre del legado tóxico de 2009 y tenga los medios necesarios para combatir la impunidad, la violencia, la corrupción y el robo institucionalizado.