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¡Hay que decirle a Chicken of the Sea que tome medidas contra las violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro!

13 August 2019 Urgent Action
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El proveedor estadounidense de productos pesqueros envasados, Chicken of the Sea, promete ‘A Sea of Good’ ("Un mar del bien") y le gusta hablar de sustentabilidad. Sus productos son conocidos en todo el continente americano. Al igual que muchas empresas de pescados y mariscos de Estados Unidos, Chicken of the Sea compra productos a Bumi Menara Internusa (BMI) en Lampung, Indonesia. Y BMI está tratando de enviar a una valiente dirigente sindical a la cárcel por seis años. Las violaciones de derechos humanos nadan en ese Mar del bien.

Durante muchos años, un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la planta de BMI en Lampung, Indonesia, ha estado tratando de poner fin a las prácticas abusivas que afectan particularmente a las muchas mujeres que trabajan allí. Desde que regresó de la licencia por  maternidad, la joven madre, secretaria del sindicato, Reni Desmiria, ha estado registrando en el programa obligatorio de seguro de salud del gobierno a las trabajadoras de BMI. Como represalia, el 17 de mayo Reni fue arrestada y encarcelada por insistencia de la compañía y actualmente está en juicio. La acusación en este pseudotribunal ofrece a los jueces múltiples opciones para condenarla. BMI pide seis años de prisión, la pena máxima, por una infracción que cometió hace ocho años, al presentar un certificado de secundaria falso para conseguir trabajo. Nunca fue un problema hasta que la empresa tuvo que comenzar a realizar aportes a la atención médica del personal. BMI dijo a Reni que puede quedar en libertad si renuncia a su puesto sindical. Ella se negó.

Chicken of the Sea se tendría que preocupar: tienen el deber de saber qué sucede con sus proveedores. Durante meses, los sindicatos han estado realizando manifestaciones masivas en BMI.

PULSE AQUÍ  para decirle a Chicken of the Sea que use su relación comercial con BMI para presionar por la liberación de Reni y detener este uso escandaloso de un sistema legal corrupto para intimidar a trabajadores y trabajadoras.