El ataque de Coca-Cola a los sindicatos en Filipinas invita a la violencia contra trabajadoras y trabajadores

La gerencia de las operaciones de Coca-Cola Company en Filipinas utiliza red-tagging ("etiquetado rojo") –la difamación pública de los sindicatos como organizaciones subversivas para incitar a la violencia y la represión, y legitimarlas– para socavar la organización sindical y generalizar el temor en la clase trabajadora. La amenaza de violencia es real: ha habido al menos 43 asesinatos de sindicalistas desde que asumió Rodrigo Duterte en 2016. La violencia no es un "daño colateral" de la "guerra contra las drogas" del gobierno; es sumamente selectiva y teledirigida. La movilización sindical internacional del 10 de diciembre expuso el alcance de esta práctica y sacó nuevos casos a luz.

El 5 de octubre de este año, la gerencia de la planta de Coca-Cola en la ciudad de Bacolod celebró una reunión para todos los empleados y empleadas, durante la cual el personal de seguridad de la planta, acompañado por dos hombres que se autodenominaron agentes de policía, presentaron a Ka Tom Mateo, quien se autodefinió como exinsurgente armado que ahora depende jerárquicamente en forma directa del presidente con el apoyo del servicio de inteligencia. Denunció al sindicato reconocido de la planta, que pertenece a la afiliada a la UITA FCCU-SENTRO, como organización subversiva, atacó el convenio colectivo y la estructura de cuotas sindicales, e instó a los miembros a renunciar a su afiliación y desafiliarse de FCCU y SENTRO.

El 17 de octubre, dos hombres que se identificaron como militares visitaron la casa de un dirigente electo del sindicato de Coca-Cola de Bacolod que trabaja en la fábrica. Según testimonio realizado bajo juramento, esos hombres hicieron referencia a la reunión del gobierno local y Ka Tom Mateo, denunciaron al sindicato, le ofrecieron cooperación y lo alentaron a reemplazar al presidente del sindicato local. Le preguntaron por qué el presidente del sindicato había participado en la reunión global de la UITA con la gerencia global de Coca-Cola Company en septiembre de 2018, y lo amenazaron con que el gobierno tiene formas de silenciar a los alborotadores.

Las actividades de Coca-Cola en Filipinas son propiedad exclusiva de Coca-Cola Company en Atlanta, EUA, y se gestionan a través de Bottling Investments Group (BIG). La responsabilidad por la intimidación y las amenazas de la gerencia, en confabulación con el ejército y la policía, recae directamente sobre Coca-Cola Company, que se ha distinguido en los últimos años por su absoluta incapacidad para responder a las violaciones documentadas de derechos humanos en sus propias operaciones y las de sus embotelladores en Haití, Indonesia, Irlanda y Estados Unidos. En las Filipinas, esto puede tener consecuencias fatales. La dirección de Coca-Cola en Filipinas está exponiendo a trabajadoras y trabajadores a la violencia para desalentar el ejercicio de sus derechos humanos; la empresa debe responder por esto.