En la India está en juego la democracia

La ciudadanía, puerta de entrada a todos los derechos, se encuentra amenazada por el gobierno de la India. En los últimos meses, ha habido miles de personas detenidas y decenas asesinadas mientras continúan las protestas en todo el país en oposición al ataque del gobierno a los fundamentos de la democracia india.

El gobierno del partido BJP del primer ministro Modi ejecuta apresuradamente su sueño histórico de sustituir la democracia secular por un etnonacionalismo autoritario donde no haya lugar para musulmanes, para disidentes, para las libertades civiles o los derechos democráticos, entre ellos los derechos sindicales  (solamente en inglés).

En diciembre, el gobierno impulsó la adopción de una Reforma de la Ley de ciudadanía (CAA por su sigla en inglés) que estigmatiza formalmente a las personas musulmanas al ofrecer una vía rápida para la ciudadanía a los no musulmanes de los países vecinos Pakistán, Bangladesh y Afganistán que llegaron a la India antes de 2015. Esto estuvo precedido por un decreto presidencial que retira la garantía constitucional de autonomía política al estado de Jammu y Cachemira, de mayoría musulmana, e impone un gobierno directo desde Delhi.

El gobierno llevó miles de tropas adicionales a la zona que ya era de las más militarizadas del mundo, realizó detenciones masivas, cerró Internet y las telecomunicaciones, impuso un toque de queda paralizante y prohibió la presencia de observadores internacionales. Ese confinamiento continúa.

La CAA está flanqueada por intentos permanentes de conculcar derechos ciudadanos a decenas de millones de personas, y para ello ya cuenta con un precedente  fijado en Assam, donde se retiró la calidad de ciudadanos y ciudadanas a dos millones de residentes en 2015. Se retiró del registro de ciudadanía a quienes no pudieron documentar su identidad (muchas personas son sencillamente demasiado pobres como para acceder a la documentación de registro que se les exige) y enfrentan detención indefinida y pérdida de todos los derechos.

Si bien el gobierno niega tener planes de aplicar este programa a nivel nacional, en diciembre aprobó la disposición de un Registro Nacional de Población vinculado al censo que es exactamente eso. El Primer Ministro niega que existan centros de detención masiva en India, cuando en realidad hay al menos diez en todo el país (seis en Assam) y otros nuevos en construcción.

El gobierno ha respondido a la ola de protestas con represión y violencia letal. La policía ha utilizado fuerza mortífera o ha permanecido impasible mientras matones armados atacaban brutalmente a manifestantes. Los dirigentes del BJP exigieron "venganza" contra las personas manifestantes, pidieron que se las "quemara vivas" y que se les "disparara como a perros", y amenazaron con procesarlos por sedición según la Ley de Seguridad Nacional.

El movimiento contra la CAA y el registro de ciudadanía entiende correctamente estos intentos de definir la ciudadanía según la religión como parte de una embestida en múltiples frentes contra la base secular de la democracia india y el derecho más fundamental: el derecho a tener derechos.

En el proyecto de intolerancia y exclusión de BJP no hay lugar para la solidaridad que es la base universal del movimiento sindical. Ese compromiso histórico con la solidaridad y la democracia explica la resistencia de nuestro movimiento y es nuestra garantía de futuro. Las organizaciones sindicales de todo el mundo tendríamos que estar de pie en respaldo de las manifestaciones y de quienes las llevan adelante.

Mujeres en Shaheen Bagh, Delhi que realizan una protesta permanente de 24 horas contra la CAA y el Registro Nacional de Población desde el 15 de diciembre.