En España, el gobierno de derecha de Mariano Rajoy continúa atacando el derecho de huelga. Dieciséis meses después de que ocho sindicalistas fueran absueltos de cargos penales (véase Los 8 de Airbus y el derecho de huelga: asunto pendiente [1]) por haber participado en la huelga general contra la austeridad en 2010, dos representantes sindicales se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel por su participación en la huelga general de 2012.
El 7 de julio, los delegados de UGT, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, serán juzgados según el artículo 315.3 del Código Penal, un vestigio legislativo de la era franquista que el gobierno de Rajoy ha revivido. Los llevaron presos en un asalto policial masivo contra un piquete informativo pacífico en Madrid, en la noche de la huelga general del 29 de marzo de 2012.
El 21 de junio, las confederaciones sindicales CC.OO y UGT realizaron actos sindicales masivos en el centro de Madrid para condenar la criminalización del derecho de huelga del gobierno de Rajoy (AQUÍ [2] se puede ver el acto y los discursos de los dirigentes de CC.OO y UGT). La UITA, junto con otras organizaciones sindicales internacionales, está construyendo solidaridad y apoyo a los dos delegados sindicales y reclamando la derogación de las leyes que tipifican como delito el ejercicio del derecho de huelga, un derecho humano fundamental.