Algo podrido en la compañía de carne más grande del mundo

Joesley y Wesley Batista, dueños mayoritarios, con control de JBS, admitieron haber sobornado a políticos y en un acuerdo con los fiscales acordaron pagar 3.200 millones de dólares de multas durante los próximos 25 años. Joesley Batista entregó a los fiscales una grabación una grabación donde el presidente brasileño Michel Temer respaldaba el pago de un soborno de JBS al ex presidente de la Cámara de Diputados del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, recientemente encarcelado por corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.

La revelación de esta grabación intensificó una importante crisis política y económica en Brasil.

Los trabajadores y las trabajadoras, que ya subvencionan la corrupción con sus impuestos, bajos salarios y lugares de trabajo inseguros, salen perdiendo más debido a la inestabilidad y la crisis.

JBS se convirtió en la segunda empresa de procesamiento de alimentos más grande del mundo gracias a préstamos multimillonarios financiados en condiciones extremadamente favorables por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, que tiene una participación del 24% en la compañía. 

Antes del reciente anuncio de la venta de activos en Uruguay, Paraguay y Argentina a su competidora Minerva, JBS operaba en 22 países con una facturación de 52 mil millones de dólares y utilidades de 115 millones de dólares. Se esperan más ventas de activos.

Camino a su posición global dominante en la carne, la compañía cerró pequeñas plantas, luchó contra campañas para mejorar la seguridad y obtuvo ganado de establecimientos con trabajo esclavo.

En marzo, la compañía quedó expuesta por la operación de la policía federal brasileña 'Carne débil’ que develó la comercialización de carne podrida y sobornos a inspectores para que pasaran por alto procedimientos insalubres.

La Regional Latinoamericana de la UITA está proporcionando apoyo práctico y político a nuestras afiliadas brasileñas en las protestas y manifestaciones contra la corrupción política y las prácticas de políticos y empresarios corruptos, que constituyen ataques a los derechos laborales.