¿Regular a los reguladores? Nuevas medidas propuestas para autorizar plaguicidas en la Unión Europea

La campaña para detener la reautorización del glifosato en la Unión Europea no logró prohibir el glifosato, pero logró exponer en forma brillante el control que ejerce la industria agroquímica sobre las autoridades reguladoras encargadas de proteger la salud pública y el medio ambiente. Las réplicas de la campaña continúan.

A raíz de las revelaciones del informe Monsanto Papers y de las efectivas campañas que canalizan la indignación pública sobre la absurda reautorización de la UE del herbicida más utilizado en el mundo,  el año pasado, el Parlamento Europeo estableció el Comité Especial PEST para estudiar los procedimientos mediante los cuales está autorizado el uso de plaguicidas en la Unión Europea. El informe del Comité, publicado en diciembre de 2018 y aprobado el 16 de enero, por una abrumadora mayoría  parlamentaria de todos los partidos, catalogó las múltiples fallas del proceso de autorización. Entre ellas se encuentran: confianza en estudios de evaluación de seguridad propios de la industria (no publicados), los cuales demostraron tener cero evidencia de toxicidad, en claro contraste con los estudios independientes publicados y revisados por expertos que llevaron al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS a clasificar el glifosato como un probable cancerígeno, a la falta de pruebas en condiciones reales y ausencia de pruebas de seguimiento; no atención a la toxicidad crónica y falta institucionalizada de transparencia.(El informe está disponible aquí y vale la pena leerlo).

Apenas unas horas antes de la votación del 16 de enero, se dio a conocer el resultado de un estudio (solamente en inglés) encomendado por una coalición de Eurodiputados socialdemócratas, verdes, de la Izquierda unitaria europea/Izquierda verde nórdica. El estudio confirma que la evaluación de seguridad de glifosato realizada por el Instituto Alemán para la Evaluación de Riesgos, en la que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por su sigla en inglés) basó su decisión de reautorizar el glifosato, incorporó cantidades sustanciales de texto de Monsanto reciclado, copiado y pegado. Sin embargo, un portavoz de la EFSA declaró que "la EFSA respalda firmemente la integridad de sus procesos de evaluación de riesgos y sus conclusiones sobre el glifosato".

Debido a la creciente presión de las instituciones europeas por los múltiples escándalos, el 11 de febrero, el Consejo y el Parlamento de la UE llegaron a un "acuerdo provisional" sobre medidas para revisar sustancialmente los procedimientos de evaluación de riesgos para las autorizaciones de productos en la cadena alimentaria, incluidos los plaguicidas. Los nuevos procedimientos, si se siguen, marcan un éxito importante, aunque parcial y preliminar, para la campaña contra el glifosato. No cumplen con las recomendaciones del PEST (y las demandas de la Iniciativa Ciudadana Europea), pero pueden ser una palanca para liberar a las autoridades de regulación públicas del control del lobby de plaguicidas.

Conforme a los nuevos procedimientos propuestos (véase la hoja informativa de la Comisión de la UE aquí – en inglés o francés solamente), ya no será posible que un fabricante designe unilateralmente a un Estado Miembro Relator para que presente una solicitud de autorización o reautorización a partir de informes confidenciales de la industria. El fabricante que solicite la autorización seguirá proporcionando evaluaciones de seguridad, pero los informes se publicarán, estarán accesibles y estarán sujetos a escrutinio e impugnación.

Entre otras medidas, los cambios en los procedimientos del Consejo de Administración de la EFSA incluyen a la sociedad civil, los Estados miembros y el Parlamento Europeo en la gobernanza. Existe la posibilidad de que la EFSA encargue sus propios estudios de evaluación de riesgos, financiados por el presupuesto de la UE.

El diablo está en los detalles, y cada posible punto de presión para ampliar la supervisión pública va a ser fuertemente disputado, por ejemplo, sentando las bases según las que se puede impugnar un estudio de la industria, designando quiénes son "partes interesadas", definiendo el proceso de "consulta", garantizando la transparencia y el seguimiento.

Además, la reforma de procedimientos más amplia que se propone no se limita a la autorización de plaguicidas. El acuerdo provisional abarca una revisión del Reglamento de la Ley General de Alimentos que requiere la modificación de ocho disposiciones legislativas que tratan sobre sectores específicos de la cadena alimentaria como, además de plaguicidas, transgénicos, ración para animales y aditivos alimentarios, materiales en contacto con alimentos y "nuevos alimentos" (una categoría que incluye cualquier alimento sin antecedentes significativos de consumo en la UE antes de 1997, o alimentos que supongan nuevas técnicas de producción, como carne y productos lácteos artificiales o sintéticos). Las consecuencias en general son aún más amplias, ya que los procedimientos de evaluación de seguridad de la EFSA son similares a los de otras instituciones científicas de la UE que informan a los reguladores, como la Autoridad Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA por su sigla en inglés).

¿Y después qué? La Comisión presentará propuestas legislativas específicas al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, “en el período legislativo en curso, es decir, a mediados de 2019, para una rápida puesta en marcha”.

La Comisión tendrá que cumplir su palabra y no se le permitirá ocultarse detrás de los Estados miembros, carta que jugó con éxito para cumplir con la reautorización del glifosato frente a la enorme oposición pública. De nuevo está jugando esta carta de manera deshonesta para demorar la acción de prohibir los productos plaguicidas que están diezmando los insectos polinizadores de Europa, culpando a los Estados miembros por la abyecta capitulación de la Comisión ante el lobby agroquímico.

Sin embargo, la Comisión ha reconocido los efectos de la Iniciativa Ciudadana Europea para prohibir el glifosato, que reunió más de un millón de firmas. La campaña contra el glifosato reunió a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, grupos ambientalistas y sindicatos. La UITA y UITA-EFFAT estuvieron entre los primeros en respaldar a la coalición ciudadanos y ciudadanas por la ciencia en la regulación de plaguicidas (solamente en inglés). Todos estos esfuerzos contribuyeron al impulso político que condujo a que el informe PEST fuera aprobado por el 77% de los eurodiputados.

Se ha abierto una ventana; el lobby de plaguicidas estará trabajando intensamente para cerrarla. Llegó el momento de intensificar la organización de la manera más amplia posible a nivel nacional, europeo e internacional para una prohibición inmediata de los agroquímicos más tóxicos, reducciones específicas en el uso de plaguicidas y apoyo integral a una transición hacia una agricultura social y ambientalmente sostenible.