Los 11 dirigentes y activistas sindicales del hotel NagaWorld Casino han sido puestos en libertad bajo fianza, mientras sigue aumentando la presión internacional sobre el gobierno de Camboya para que respete los derechos de sindicación y negociación colectiva de trabajadores y trabajadoras. Con los cargos penales que aún pesan sobre los 11 dirigentes y activistas sindicales y sin ningún progreso en la reincorporación de los 365 trabajadores y trabajadoras despedidos o con derechos de negociación colectiva, la UITA ha presentado una queja contra el gobierno de Camboya ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo detallando numerosas violaciones de los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras.
- La queja de la UITA llega en el momento en que la OIT prepara una misión de contactos directos (MCD) a Camboya la próxima semana y pide al gobierno camboyano que se ocupe de las violaciones de los Convenios 87 y 98 de la OIT, que retire incondicionalmente todos los cargos pendientes contra los dirigentes y activistas sindicales y que conceda a la LRSU el pleno reconocimiento
- En un esfuerzo flagrante por impedir el reconocimiento de la afiliada de la UITA, LRSU, la dirección de NagaWorld y el gobierno camboyano han conspirado para acelerar la certificación de un nuevo sindicato falso con el fin de evitar negociar con el representante legítimo de trabajadores y trabajadoras
- El LRSU sigue pidiendo que se negocie la reincorporación de los 365 miembros despedidos injustamente y que se negocie de buena fe el convenio colectivo
El Secretario Regional de la UITA para Asia/Pacífico, Hidayat Greenfield, declaró: "La LRSU ha dejado claro una vez más que busca negociaciones de buena fe con NagaWorld para asegurar la reincorporación de los miembros del sindicato injustamente despedidos y para que aquellos que opten por aceptar el despido, reciban su derecho legal completo a la indemnización por separación. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe dejar claro que todos los cargos contra los dirigentes sindicales detenidos deben ser retirados y que las reformas legales integrales deben proteger los derechos sindicales y evitar la criminalización de las actividades sindicales."