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Desde el 28 de enero, alrededor de 40 presas y presos políticos en Argelia están en huelga de hambre, exigiendo que se les libere de su detención ilegal y arbitraria y que se ponga fin a la creciente persecución de activistas por la democracia acusados de "terrorismo" en virtud del nuevo artículo 87bis del código penal. Entre las personas huelguistas de hambre encarceladas bajo "detención provisional", a la espera de juicio y sentencia, se encuentran mujeres, jóvenes y miembros del sindicato independiente SNAPAP, afiliado a la UITA. Varios dirigentes del SNAPAP, sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras en la administración pública, se han unido a la huelga en solidaridad desde el exterior.
La represión en Argelia se ha intensificado considerablemente desde que estalló el Hirak, movimiento de masas por la democracia, en febrero de 2019. La pandemia de COVID-19 retiró el Hirak de las calles en 2020, pero el resurgimiento de las huelgas y las protestas callejeras a principios del año pasado dio lugar a una brutal represión. Tras la mediática liberación de unas 40 personas detenidas, en febrero de 2021, el Comité Nacional para la Liberación de los Detenidos (CNLD) contabilizó cerca de 70 presas y presos de conciencia. Hoy son 330.
Y tras los cambios introducidos en el código penal el año pasado, pueden ser perseguidas y perseguidos -incluso con carácter retroactivo- por "terrorismo" por intentar ejercer sus derechos básicos.
En un informe del 24 de junio de 2021, Amnistía Internacional advirtió que "desde abril de 2021 las autoridades argelinas han recurrido cada vez más al uso de cargos de "terrorismo" o "conspiración contra el Estado" para procesar a los defensores de los derechos humanos y a los activistas de Hirak."
En abril del año pasado, Kaddour Chouicha, coordinador nacional del Sindicato de Educación Superior Solidario (SESS) y miembro destacado de la Liga Argelina para la Defensa de Derechos Humanos (LADDH), fue procesado junto con una docena de otras personas defensoras de los derechos humanos por "inscripción en una organización terrorista o subversiva activa en el extranjero o en Argelia".
Ramzi Darder, mecánico de automóviles y miembro de la oficina nacional de la federación nacional que representa a los trabajadores y trabajadoras del sector informal, afiliada a la confederación independiente COSYFOP, fue detenido el 30 de junio de 2021 por cargos como "terrorismo", debilitar la moral del ejército y socavar la unidad nacional a través de sus publicaciones en las redes sociales. En agosto de 2021, Ramzi fue trasladado a un bloque penitenciario para condenados a muerte y acusados de terrorismo, aunque todavía no hay fecha para su juicio.
Entre el 2 y el 11 de enero de 2022, cuatro personas funcionarias de la COSYFOP y de la afiliada a la UITA SNATEG, el sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras en la empresa estatal de energía SONELGAZ, fueron detenidas y encarceladas, y luego puestas en libertad bajo "supervisión judicial". Se les acusa, en virtud del artículo 87bis del código penal, de "arreglar y reclutar una organización terrorista a través de las redes sociales y de organizar una organización criminal perjudicial para la unidad nacional".
No todos los sindicalistas son acusados de "terrorismo", pero todos son objeto de interminables rondas de persecución a manos de los tribunales y la policía. Un ejemplo de esto es la persecución serial de la profesora y militante del SNAPAP, Dalila Touat, activa durante muchos años en la defensa de los derechos de los desempleados y desempleadas. Dalila fue detenida y encarcelada el 3 de enero de 2021, acusada de insultar a las instituciones públicas, distribuir panfletos perjudiciales para el mantenimiento del orden público e incitar a la reunión ilegal, por instar al boicot electoral. Declarada culpable y condenada a 18 meses de prisión el 19 de enero de 2021, fue puesta en libertad provisional el 19 de febrero bajo "supervisión judicial", tras dos huelgas de hambre a la espera de su recurso. En noviembre de 2021, fue condenada a 6 meses de prisión de nuevo por insultar a una institución pública; en marzo, había denunciado las condiciones abusivas de su encarcelamiento y había solicitado un recurso judicial. El 31 de enero de 2022 fue detenida en Mostanagem, encarcelada y acusada de incitar a una reunión ilegal, denigrar a un organismo público y distribuir publicaciones perjudiciales para el interés nacional.
Desde 2017, los órganos de control de la OIT han confirmado regularmente las violaciones de los derechos sindicales básicos y han pedido al gobierno que garantice los derechos de los sindicatos independientes del Estado, hasta ahora sin resultado.
Las sedes de los sindicatos independientes han sido cerradas y precintadas por la policía. La vigilancia constante, la persecución serial de activistas y la criminalización efectiva de la actividad sindical, que ahora incluye la amenaza de persecución por "terrorismo", hacen imposible que los miembros de los sindicatos se comuniquen libremente y se reúnan públicamente. Los dirigentes y miembros de los sindicatos siguen siendo despedidos de sus puestos de trabajo y puestos en la lista negra del sector público.
El gobierno está preparando un duro programa de austeridad, disponiendo el terreno para una explosión social, mientras aumenta la represión que niega a trabajadores y trabajadoras toda representación independiente.
Es necesario actuar de inmediato para asegurar la vida y la libertad de los argelinos y argelinas que luchan por la democracia. Ha llegado el momento de que los sindicatos a nivel internacional muestren su solidaridad activa con todas las personas encarceladas, perseguidas y acosadas por su compromiso democrático y su actividad sindical y con nuestros compañeros y compañeras que luchan por la libertad de asociación y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
