Publicado: 10/09/2012

Los inversores están contentos. El Banco Central Europeo, el poder en el centro del mayor grupo bancario del mundo, se ha comprometido a apoyar a los gobiernos de la eurozona en apuros financieros mediante la compra ilimitada de bonos. Esto debería, en principio, hacer bajar los tipos de interés y aliviar los costes de los préstamos. Pero tiene un precio muy alto: los gobiernos que soliciten la ayuda del banco central deben firmar más recortes de empleo y gasto en el sector público.

Jörg Asmussen, funcionario del BCE, subrayó que la compra de bonos "sólo tendrá lugar cuando el país emprenda duras medidas de reforma. Esa es una condición previa necesaria para que el BCE actúe". La directora del FMI, Christine Lagarde, reforzó el mensaje "acogiendo con satisfacción" el apoyo en los mercados de bonos vinculado a "programas de ajuste macroeconómico y la adhesión a los esfuerzos de reforma estructural y fiscal asociados".

Ya es un patrón conocido. El arma elegida por el BCE ha sido el asalto masivo a los servicios públicos, los derechos sociales y la negociación colectiva, organizado conjuntamente con la Comisión Europea y el FMI (la "Troika"). En cada etapa de la creciente crisis, el BCE ha programado sus intervenciones para obtener el máximo valor de choque para reforzar el régimen de austeridad, Los ataques especulativos han sido totalmente predecibles, dada la forma en que se han organizado los rescates. Pero se permite que el "contagio" financiero se extienda. Sólo entonces, cuando los mercados amenazan con salirse de control y la opinión ha sido adormecida por un bombardeo mediático que amenaza con una catástrofe inminente, el BCE actúa, a cambio de más recortes del gasto público y más desregulación,

Este juego cínico y peligroso ya ha infligido penurias innecesarias a millones de trabajadores, y nos acaban de prometer más. Los sindicatos deben rechazar claramente esta píldora de rescate envenenada y exigir un cambio radical de política.

El BCE dispone de enormes recursos; en cada etapa de la creciente crisis ha tenido el dinero y los mecanismos para hacer retroceder a los especuladores. También dispone de los recursos necesarios para afianzar el programa de inversión pública, que es el verdadero vehículo para combatir la crisis y la alternativa a la austeridad. Los responsables políticos saben que los recortes masivos del gasto están acelerando el desempleo y ejerciendo más presión sobre las finanzas públicas. También saben que los sucesivos rescates han hecho que los gobiernos absorban los devastadores costes de las pérdidas privadas. Pero tienen una lección que enseñar y una misión que cumplir.

A principios de este año, el BCE repartió un billón de euros en préstamos prácticamente sin intereses al sector bancario privado, sin ningún tipo de compromiso. Todavía no se ha hecho una contabilidad pública de cómo se utilizó ese dinero (de hecho, el BCE ha admitido que no tiene ni idea). Sin embargo, las finanzas públicas de los países que se someten a los rescates se someten a un escrutinio microscópico para garantizar que se inflige toda la medida del dolor y que se imponen casualmente decretos para derogar los derechos de los trabajadores consagrados en los tratados internacionales y de la UE.

El caso del trillón desaparecido no es el único misterio sin resolver de la eurozona. Por ejemplo, ¿cuál fue el impacto real sobre los tenedores de bonos privados griegos en la reestructuración de la deuda de febrero de 2012, el famoso "haircut"? Muchos de esos bonos se compraron a bajo precio para obtener tipos de interés astronómicos y luego se aseguraron contra las pérdidas a través de swaps de impago. ¿Quién perdió, quién ganó y en qué situación se encuentra ahora? ¿Cuánta riqueza se ha desviado de los países que supuestamente se benefician de la "ayuda" financiera de la Troika?

Estas cuestiones no tienen cabida en la narrativa imperante, según la cual tecnócratas apolíticos luchan valientemente para enfrentarse a las fuerzas anónimas del "mercado". De hecho, el BCE y sus aliados persiguen una agenda profundamente política, en cuyo centro se encuentra un proyecto para hacer retroceder o eliminar los avances sociales del último medio siglo.

Esa agenda debe ser desafiada y derrotada, en primer lugar organizándose para rechazar el último programa de empobrecimiento y aumentando las protestas contra la austeridad.

Sí, el sistema financiero necesita una regulación más fuerte y una aplicación más estricta. La pregunta más profunda es: ¿regulación para qué? La evolución de la crisis en los últimos 4 años, una crisis que sigue estando tan lejos como siempre de una verdadera resolución, demuestra la necesidad de poner las finanzas bajo la supervisión pública y el control democrático. Enfrentarse al régimen de austeridad y derrotarlo es la primera etapa de la lucha por gestionar los bancos como servicios públicos.