Los Estatutos de la UITA nos comprometen a "apoyarigualmente todo esfuerzo que tienda a asegurar una paz duradera, fundada en la libertad y el bienestar para todos". Afirman además que "corresponde al movimiento obrero, fuerza principal de progreso en la sociedad, la utilización de todos los medios apropiados para defender los intereses generales del conjunto de la población y promover las instituciones que permitan a los pueblos decidir democráticamente sobre su propio destino económico y social y asegurarse la libertad, el bienestar, la seguridad y la paz."
Pero a medida que aumenta el número de conflictos en el mundo, ¿cómo trabajamos por la paz? ¿En qué información podemos confiar? ¿De qué herramientas disponemos? Una herramienta clave es garantizar la aplicación de las leyes internacionales destinadas a proteger a las víctimas de la guerra. Al igual que confiamos en las normas de la Organización Internacional del Trabajo como fundamento del Derecho laboral internacional, podemos confiar en los instrumentos de la ONU diseñados para construir y mantener la paz.
El 29 de diciembre de 2023, el gobierno de Sudáfrica invocó una de estas leyes, la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, para pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que iniciara un procedimiento contra Israel en relación con las presuntas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones de Israel en virtud de la Convención.
El 26 de enero de 2024, la CIJ dictó medidas provisionales. Su sentencia comienza recordando "el contexto inmediato" en el que se presentó el caso. "El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados presentes en la Franja de Gaza llevaron a cabo un ataque en Israel, matando a más de 1.200 personas, hiriendo a miles y secuestrando a unas 240 personas, muchas de las cuales siguen retenidas como rehenes. Tras este ataque, Israel lanzó una operación militar a gran escala en Gaza, por tierra, mar y aire, que está causando víctimas civiles masivas, una amplia destrucción de infraestructuras civiles y el desplazamiento de la inmensa mayoría de la población de Gaza."
El Tribunal declaró que era "plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano".
Al evaluar el impacto del conflicto, la CIJ señaló "que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil". Aunque las cifras relativas a la Franja de Gaza no pueden verificarse de forma independiente, la información reciente indica que 25.700 palestinos han muerto, se han registrado más de 63.000 heridos, más de 360.000 viviendas han quedado destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1,7 millones de personas han sido desplazadas internamente."
Basándose en las pruebas presentadas, las medidas provisionales de la CIJ piden a Israel que "de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, en relación con los palestinos de Gaza, adopte todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo II de esta Convención, en particular: ( a ) matar a miembros del grupo; (b ) causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; (c ) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; e (d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo."
El Tribunal también declaró que Israel "debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza."
El Tribunal subrayó "que todas las partes en el conflicto de la Franja de Gaza están obligadas por el derecho internacional humanitario. Está gravemente preocupada por la suerte de los rehenes secuestrados durante el ataque en Israel el 7 de octubre de 2023 y retenidos desde entonces por Hamás y otros grupos armados, y pide su liberación inmediata e incondicional."
Israel dispone ahora de un mes para presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para hacer efectiva la Orden de medidas provisionales.
La UITA apoya la aplicación de las medidas provisionales exigidas por la CIJ. Proporcionan un camino tangible hacia la paz en Medio Oriente, pero deben ser apoyadas a nivel mundial. La UITA se une a nuestros sindicatos mundiales para solicitar a la comunidad internacional las siguientes medidas:
- Todos los Estados Partes en la Convención sobre el Genocidio deben cumplir su obligación de prevenir el genocidio: El Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados miembros deben colaborar para garantizar la plena aplicación de las medidas provisionales.
- El fiscal de la Corte Penal Internacional debe agilizar las investigaciones sobre las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel y grupos armados palestinos: Una investigación exhaustiva e independiente es crucial para llevar a los responsables ante la justicia y prevenir futuras violaciones.
- Los líderes mundiales deben dar prioridad a la diplomacia y el diálogo sobre la violencia: Asegurar la liberación de todos los rehenes y trabajar por un alto el fuego inmediato y duradero que garantice la seguridad de todos los palestinos e israelíes.
