Publicado: 21/08/2023

Crédito de la foto: Daniel Garcia

Sequía en Uruguay: Imprevisión, exceso de confianza y calculadora electoral

Nunca como ahora los uruguayos han estado tan pendientes de los pronósticos meteorológicos, ni estos reportes han ocupado tanto tiempo en los informativos de radio y televisión. No es para menos. El país aún está atravesando la peor sequía de los últimos 80 años, y si bien ha superado un momento extremadamente crítico, todavía está lejos de recuperar la “normalidad”. Una normalidad que esta experiencia ha puesto en debate.

“No es sequía, es saqueo,” tal ha sido la consigna de numerosas organizaciones sociales y sindicales que se han movilizado denunciando un modelo productivo que “confisca” el agua en beneficio de grandes empresas agrícolas e industriales, y en detrimento del servicio a la población. Pero esta realidad recién irrumpió en la conciencia general cuando el agua se transformó en un bien en disputa cotidiana.

Montevideo y su llamada “zona metropolitana,” donde se concentran casi dos tercios de la población del país, tienen una sola fuente de agua (el río Santa Lucía) y una reserva relativamente pequeña en la presa de Paso Severino.

Las tradicionales onduladas y bucólicas praderas alojando cuatro vacas por habitante han ido integrando nuevas actividades productivas.

Actualmente, el 80% del agua dulce se utiliza en actividades agropecuarias: arroz, trigo, lácteos, y más recientemente soja y forestación industrial que sirve a tres fábricas de celulosa, dos de ellas de las más grandes del mundo. En general estas actividades no pagan el agua dulce que consumen.

Al uso más intensivo de la tierra y el agua se agrega la aplicación masiva de químicos que han contaminado arroyos y ríos, lo que alteró notoriamente la calidad del agua de consumo humano: desde hace años muchos hogares y lugares de trabajo han instalado filtros o consumen agua embotellada. Quiere decir que esta “crisis del agua” no es realmente una sorpresa.

Aquí también ignoramos las señales de transformación del contexto productivo, del cambio climático, del estrés provocado en una naturaleza que se imaginó inagotable. Las obras necesarias para consolidar el sistema de abastecimiento de agua para la capital y su entorno no se hicieron, confluyeron las condiciones de una tormenta perfecta, y el cielo dejó de caernos sobre la cabeza.

El gobierno tardó en reaccionar y esperó hasta último momento para implementar medidas paliativas. Durante más de dos meses el agua que brotaba del grifo tuvo altos contenidos de sodio y cloruro, lo que la transformó de “potable” a “bebible,” según las curiosas definiciones del gobierno, consecuencia de que se usó agua del Río de la Plata, habitualmente mezcla de dulce y salobre.

El consumo de agua embotellada aumentó exponencialmente y los servicios sociales implementaron subvenciones para las familias más vulnerables a fin de que pudieran adquirir agua.

Para muchos no fue casualidad que adquiriera notoriedad un proyecto privado de complementación del sistema capitalino de abastecimiento de agua llamado “Proyecto Neptuno,” con un coste de 500 millones USD, al tiempo que el gobierno desestimó la construcción de una nueva presa estatal cuya financiación ya estaba aprobada, pero que había sido propuesta por el gobierno anterior, de signo contrario al actual.

Desde entonces algo ha llovido, pero no mucho. En el grifo el agua recuperó su sabor habitual, pero no se sabe hasta cuándo. El sistema político busca, sin demasiado ahínco, plasmar una política de Estado en torno al agua potable, sabiendo que el próximo es un año electoral y habrá muchas cuentas que ajustar, muchas promesas que hacer, muchos eslóganes que agitar.

La sequía viene costando hasta ahora 2 mil millones USD en gastos y mengua productiva. Para algunos expertos es sólo el principio en el ciclo de sequías e inundaciones que impondrá el cambio climático. La advertencia está hecha.

 

 

Para algunos expertos es sólo el principio en el ciclo de sequías e inundaciones que impondrá el cambio climático. La advertencia está hecha.
Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la UITA para América Latina